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Analistas ven que el Gobierno busca provocar a Santa Cruz; prevén violencia

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  • Hace 1 mese

Analistas advierten la posibilidad de que Bolivia ingrese a un nuevo escenario de violencia con la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que quita facultades a la Gobernación de Santa Cruz sobre sus áreas reservadas y facilita al Gobierno llevar adelante una estructura caminera. Sostienen que el gobernante nuevamente busca doblegar políticamente a la región cruceña que se ha constituido en un escenario de defensa de la democracia.

“En el marco general, sigue el enfrentamiento entre Santa Cruz y el Estado. Hay una especie de guerrilla y cada parte utiliza ciertos elementos para tratar de mantener su posición y el Gobierno está siguiendo este estilo que está vigente desde hace rato”, señala el historiador e indianista Pedro Portugal.
La Sentencia Constitucional 0076/2023 se conoce en el momento en que la Gobernación cruceña defiende los acuíferos de Güendá-Urubó y rechaza la construcción de la vía Las Cruces-Buena Vista que afectaría a este sector, además que luego de encuentros entre el gobernante y autoridades cruceñas, oportunidad en que se decidió suspender el inicio de la obra hasta tener un estudio internacional que defina la factibilidad la apertura de la obra, pero que no afecte los acuíferos.

El economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Lucio Gonzáles Alanes sostiene que lo que está pasando con los acuíferos, pese a que la administración de Luis Arce diga que la demanda contra la Ley Departamental 98 fue planteada por el exvicepresidente Álvaro García Linera, trata de escarmentar al pueblo cruceño.

La diputada María René Álvarez alertó que este fallo del TCP, emitido el pasado 8 de agosto, sienta un precedente funesto contra las autonomías departamentales y deja en la “indefensión a las áreas de conservación protegidas”.

“Buscan dar mensaje al pueblo de Santa Cruz por la actitud insumisa y rebelde que ha tenido frente al gobierno actual”. refirió.

Agregó que “no es la primera vez que el TCP es dócil y cumple a pie juntillas (sin objeción alguna) lo que dice el Gobierno y que el operador es el ministro de Justicia, Iván Lima”.

“Con tal de afectar a Santa Cruz, generar un conflicto interno en el departamento de Santa Cruz, no repara ningún hecho ni propósito para escarmentar a Santa Cruz. Hay una actitud de venganza”, dijo.

Colonización y ataque

La senadora Centa Rek señaló que el Gobierno está con su política centralista, por lo que lleva adelante su plan de colonización.

“Alerta, bolivianos. El Gobierno sigue, a paso firme, tratando de ejecutar el plan de colonización hacia el oriente boliviano. Hemos estado reivindicando y seguimos reivindicando la no construcción del tramo 2 y 3 de la carretera Urubó-Güendá porque atenta contra la provisión de agua de nuestra ciudad”, dijo Rek.

Nueva relación con el Estado   

Antes de conocerse el fallo del TCP, Fernando Larach, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, anunció que el próximo 13 de noviembre, aniversario del cabildo de 2022, se presentará una propuesta formal que busca revisar la relación del departamento con el Estado.

“Diseñamos la ruta más corta, la más viable y que ya tiene cimientos. La autonomía es el camino. La mayoría de los cruceños cree que la autonomía debe ser el camino”, dijo.
Anuncian caso de corte a magistrados del TCP

Autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) anunciaron la defensa de la reserva hídrica y adelantaron procesos judiciales contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El rector de la Uagrm, Vicente Cuellar, explicó que la sentencia del TCP es contraria es contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) porque viola las autonomías departamentales que están establecidas por ley.

“Aquí debe haber un juicio de responsabilidades. Primero, por incumplimiento de deberes de los miembros del TCP, por lo menos contra quienes firmaron esta sentencia”, manifestó.

Respecto al incumplimiento de deberes, señaló que el TCP tenía un plazo de 45 días para emitir sentencia, pero tardaron cerca de siete años y cuando se está en emergencia por los acuíferos.

El vicerrector, Reinerio Vargas, dijo que, a través de la coordinadora interinstitucional, realizarán una asamblea el próximo miércoles con el fin de definir acciones.

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