Analistas advierten la posibilidad de que Bolivia ingrese a un nuevo escenario de violencia con la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que quita facultades a la Gobernación de Santa Cruz sobre sus áreas reservadas y facilita al Gobierno llevar adelante una estructura caminera. Sostienen que el gobernante nuevamente busca doblegar políticamente a la región cruceña que se ha constituido en un escenario de defensa de la democracia.
El economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Lucio Gonzáles Alanes sostiene que lo que está pasando con los acuíferos, pese a que la administración de Luis Arce diga que la demanda contra la Ley Departamental 98 fue planteada por el exvicepresidente Álvaro García Linera, trata de escarmentar al pueblo cruceño.
“Buscan dar mensaje al pueblo de Santa Cruz por la actitud insumisa y rebelde que ha tenido frente al gobierno actual”. refirió.
“Con tal de afectar a Santa Cruz, generar un conflicto interno en el departamento de Santa Cruz, no repara ningún hecho ni propósito para escarmentar a Santa Cruz. Hay una actitud de venganza”, dijo.
Colonización y ataque
La senadora Centa Rek señaló que el Gobierno está con su política centralista, por lo que lleva adelante su plan de colonización.
Nueva relación con el Estado
Antes de conocerse el fallo del TCP, Fernando Larach, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, anunció que el próximo 13 de noviembre, aniversario del cabildo de 2022, se presentará una propuesta formal que busca revisar la relación del departamento con el Estado.
Autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) anunciaron la defensa de la reserva hídrica y adelantaron procesos judiciales contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El rector de la Uagrm, Vicente Cuellar, explicó que la sentencia del TCP es contraria es contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) porque viola las autonomías departamentales que están establecidas por ley.
“Aquí debe haber un juicio de responsabilidades. Primero, por incumplimiento de deberes de los miembros del TCP, por lo menos contra quienes firmaron esta sentencia”, manifestó.
Respecto al incumplimiento de deberes, señaló que el TCP tenía un plazo de 45 días para emitir sentencia, pero tardaron cerca de siete años y cuando se está en emergencia por los acuíferos.
El vicerrector, Reinerio Vargas, dijo que, a través de la coordinadora interinstitucional, realizarán una asamblea el próximo miércoles con el fin de definir acciones.