Los chilenos votarán en un mes para decidir si aprueban una nueva Constitución que establece un Estado de bienestar o la rechazan dejando vigente la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, opción que por ahora lidera las preferencias.
La recta final de la campaña electoral se aproxima con una propuesta sobre la mesa: votar por una alternativa al actual Estado reducido que prioriza la inversión privada, impugnado por masivas protestas callejeras, o cambiarlo por “un Estado social y democrático de derecho”, que garantiza una amplia gama de derechos fundamentales.
El proyecto de Carta Magna es el resultado de un año de debates de una Convención Constitucional de 154 miembros, electos por votación popular. Fue la salida política que encontró el país para apaciguar las protestas que estallaron en octubre de 2019 en reclamo de una mayor igualdad social.
A cuatro semanas del referéndum la opción “rechazo” lidera las encuestas, con un 45%. Pero el “apruebo” muestra un repunte y alcanza un 36%, 5 puntos más que el sondeo anterior, según el útlimo de la encuestadora Criteria, conocido este miércoles. Los indecisos llegan al 19%.
– Empate técnico –
Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar el 4 de septiembre, en la primera elección con voto obligatorio desde 2012.
“Es de esperar que de aquí a las próximas semanas estemos prácticamente en el umbral del empate técnico entre ambas opciones”, estimó a la AFP Rodrigo Espinoza, politólogo de la Universidad Diego Portales.
“Hay bastante incertidumbre”, agrega Espinoza.
La expectativa se centra sobre el resultado pero también lo que vendrá después, en medio de un amplio debate sobre las reformas que se les introducirán cualquiera sea el texto que se imponga.
Tanto en el oficialismo, que va por el “apruebo”, y en la oposición, cuadrada detrás del “rechazo”, se discuten compromisos para cambiar, abolir o reformar artículos.
Tampoco hay claridad sobre qué pasará en caso de ganar el rechazo. La duda la planteó el propio presidente Gabriel Boric cuando afirmó que en ese caso habría que volver iniciar un nuevo proceso constitucional.
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