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Cívicos, transporte pesado y otros sectores exigen pacificar el país

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  • Hace 3 meses

Ante el cerco de organizaciones afines del Movimiento Al Socialismo (MAS) a Santa Cruz, la conflictividad en el país tiende a agudizarse con marchas, paros cívicos, piquetes de huelga de hambre y bloqueos.

Varios sectores como los comités cívicos del país y el transporte pesado dieron un plazo al Gobierno para solucionar esta crisis que se desató por el censo; caso contrario, asumirán medidas de presión.

La polarización en el país se profundiza. La tensión y posible confrontación en la capital cruceña se mantiene latente.
Pausa de interculturales

La marcha de grupos interculturales que responden al MAS hizo un alto en su marcha hacia la ciudad de Santa Cruz en espera de los resultados de la mesa técnica del censo. Según reportes, las agrupaciones acampan en los coliseos de Cuatro Cañadas, Pailón y Buena Vista.

“Una vez sepamos los resultados que se den en Trinidad, nos reuniremos para tomar una posición”, manifestó Hugo Gutiérrez, alcalde de Cuatro Cañadas, de acuerdo con un informe de El Deber.
Advertencia de cívicos

Los Comités Cívicos de Bolivia, mediante un comunicado, advierten al Gobierno con un “paro nacional” el lunes 7 de noviembre en caso de que no se levante el cerco a la capital cruceña y exigiendo la abrogación del DS 4760.

“Exhortamos al Presidente de Estado y su gabinete para que en el plazo de 72 horas asuma acciones. (…) De lo contrario, el Movimiento Cívico de Bolivia ingresará en paro nacional a partir del día lunes 7 de noviembre”, consta en el documento.

El pronunciamiento señala que la administración de Luis Arce permitió que se desate la violencia contra el pueblo de Santa Cruz, al permitir que grupos que componen el partido gobernante realicen un “cerco genocida” a la ciudad capital.

Por otra parte, se denuncia que se ha desatado una campaña de amenazas contra la libertad, integridad física del Gobernador, autoridades, ciudadanos cruceños, entre otros, violentando los derechos humanos de los bolivianos.

“Alentando un clima de violencia desde el propio Estado, cuyos órganos de protección a la sociedad civil se encuentran sometidos al capricho e intolerancia de los ministros de Estado”, agrega el comunicado.

Apolinar Rivera, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, informó que la institución apoya el pedido de censo para 2023, pero aseveró que no se determinó ningún paro en el departamento.
Huelga
Por otro lado, Julio Alvarado, representante del Comité Nacional Impulsor del Censo 2023, anunció que se instalarán piquetes de huelga de hambre, debido a que se cumplió el plazo de 48 horas para que se dé una solución al conflicto que hay por la actividad censal.
Sociedad civil pide la solución a crisis censal
Diferentes sectores de la sociedad civil demandan al Gobierno la pacificación del país y que priorice el diálogo para la solución del conflicto que se tiene por la realización del censo.

La Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (Andeb), las Iglesias Evangélicas Unidas Departamentales (IEU), iglesias e instituciones religiosas “pedimos a los frentes en conflicto que depongan actitudes y trabajar en consenso la realización del censo, deseando que los resultados garanticen, la asignación de recursos, el pacto fiscal, un nuevo padrón electoral y políticas de Estado acorde a la nueva situación social y económica del país que contribuyan a la reactivación económica, la paz social, la inclusión y el fortalecimiento de la democracia en el Estado de derecho boliviano”.

Asimismo, 23 instituciones de la sociedad civil “exhortan a todos los actores involucrados en el conflicto a constituirse en artífices para la resolución de este y así deponer posturas que sólo conducirían a un escenario de mayor violencia y confrontación en desmedro del pueblo”.

“Es inadmisible que se aliente y justifique el cerco físico a la población de Santa Cruz para ahogarla con el corte de provisión de alimentos, recursos y servicios vitales, acciones que buscan deliberadamente afectar la satisfacción de necesidades vitales de la población, como instrumento de lucha política, estas acciones son inaceptables y están penalizadas en el Derecho Internacional”.
LOS TIEMPOS//