Como consecuencia de los hechos de violencia desatados después de las elecciones del 20 de octubre, la Fiscalía abrió 368 casos concentrados, en su mayoría, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De ese total, 87 están con detención preventiva, 192 con medidas sustitutivas y 89 están en libertad, mientras que 29 personas perdieron la vida en ese periodo de violencia.
El fiscal General, Juan Lanchipa, hizo una evaluación del trabajo fiscal al momento y explicó que los casos en investigación son por los delitos de terrorismo, sedición, incitación a la violencia, daños a la propiedad privada, asociación delictuosa y otros delitos mayores que están en proceso de indagación.
Del total de casos 6 están en Chuquisaca; 2 en Tarija; 25 en Pando; 118 en La Paz; 7 en Oruro; 92 en Cochabamba; 22 en Beni, y 96 en Santa Cruz. “Se han formado comisiones de fiscales y están llevando adelante todos los procesos investigativos para dar con los autores y sean puestos a disposición de las Autoridades Jurisdiccionales para su respectiva sanción”, aseguró Lanchipa.
En ese periodo de conflictividad fueron reportados 29 muertos, de los que 12 están La Paz; 12 en Cochabamba; 1 en Potosí y 4 en Santa Cruz. También se informó de 33 heridos: 15 en La Paz; 5 en Oruro; 9 en Cochabamba y 4 en Santa Cruz.
Las denuncias de fraude electoral, después de las elecciones, activaron una escalada de protestas lideradas por los cívicos, a la que se sumó el motín policial a escala nacional y la sugerencia del mando militar de entonces, al mando de Williams Kaliman, de dimitir. Horas después de ese 10 de noviembre Evo Morales dimitía al cargo, junto al vicepresidente Álvaro García desde el Chapare.
La violencia no cesó y por el contrario se iniciaron bloqueos y marchas, principalmente en Cochabamba y La Paz. La Policía se declaró rebasada y la noche del 11 salía de sus cuarteles los militares para ayudar en el control interno. Al día siguiente asumía la presidente Jeanine Áñez y dos días después aprobó el decreto que eximía a los militares de responsabilidad penal por su participación en los operativos de control.
Este jueves fue abrogada la norma, luego que se constatara el retorna de la paz tras los hechos de violencia que dejaron 29 muertos. 10 perdieron la vida en medio del operativo policial-militar en Senkata, El Alto, zona de donde evacuaron un convoy de cisternas con combustible y vehículos con garrafas de GLP para mitigar el desabastecimiento de ese entonces.
Sacaba fue otro de los puntos de mayor conflictividad. Ahí perdieron la vida ocho cocaleros que eran parte de una numerosa marcha que fue frenada por un operativo policial-militar cuando pretendía ingresar a la ciudad de Cochabamba en apoyo a Morales. Dos personas parte del bloqueo cívico en contra del hoy expresidente murieron en Montero, Santa Cruz.
La Fiscalía formó comisiones de fiscales para investigar y establecer responsabilidades en cada uno de los casos.
La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz