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FNDR otorga Bs. 121.5 millones de al Chaco y Asambleísta cuestiona el destino de los recursos económicos

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  • Hace 5 semanas

El Gobierno Regional del Chaco recibió Bs. 121,5 millones, otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), La inversión, que será efectiva con recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), representa un hito importante para el desarrollo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. El proyecto incluye la construcción de la Terminal de Buses de Yacuiba, la implementación de 30 kilómetros del camino en Villa Montes – Isiri, junto con la construcción de la Presa Pananty en Yacuiba, con una capacidad de almacenamiento de 1,4 millones de metros cúbicos de agua.

El Acuerdo de Fideicomiso fue sellado con la firma del contrato de financiamiento entre el ejecutivo regional del Gran Chaco, José Luis Abrego, y la directora interina del FNDR, María Elena Angeleri. La construcción de estas infraestructuras críticas no solo beneficiará a la región, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía nacional.

Sin embargo, no todos los sectores están completamente de acuerdo con este ambicioso proyecto. María Rene Barrios, asambleísta, ha expresado su preocupación por la inversión en la construcción de carreteras, argumentando que esta es una responsabilidad del gobierno nacional y no de los gobiernos regionales. Barrios señala que, debido a limitaciones de recursos, es esencial que los ejecutivos prioricen áreas como la salud, la educación y la seguridad ciudadana.

Barrios también plantea la necesidad de que el gobierno nacional mire hacia el Chaco y retribuya a la región que ha contribuido significativamente al país en el pasado. La demora en la construcción de ciertos tramos de carreteras ha generado preocupación entre los habitantes locales, quienes enfrentan desafíos diarios derivados de la falta de infraestructuras adecuadas.

A pesar de estos cuestionamientos, el financiamiento ya está establecido y las cuotas fijadas para su reembolso en el Plan Operativo Anual (POA) de 2024. Esto garantiza que las futuras administraciones no podrán eludir la responsabilidad de pagar estas deudas, asegurando así la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.