El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, afirmó este jueves que por cuestiones legales y de costo no se pueden anular las elecciones del domingo 20 de octubre que dieron como ganador en primera vuelta al presidente Evo Morales: La exigencia es planteada por un bloque de cívicos de siete regiones.
El denominado Bloque del Sur, conformado por cívicos de Chuquisaca, Tarija, Potosí y Oruro, además de las representaciones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, ahora exigen nuevas elecciones por el supuesto fraude que aseguran afectó la votación.
“No existe una razón legal para la nulidad de las elecciones, mucho más cuando se están esperando los resultados de una auditoría”, señaló el ministro en una entrevista con la red Uno.
“Aún si esta existiera, el convocar a un nuevo proceso electoral llevaría muchos meses, una nueva inscripción de candidatos, una nueva campaña que cuesta entre 120 y 140 millones de bolivianos, sería un gasto innecesario e injustificado de recursos”, añadió, según se informe en un boletín institucional.
En las elecciones del 20 de octubre Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo 47,08% de los votos, seguido por el opositor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), con 36,5%.
Este último exigió balotaje luego de denunciar un “gigantesco fraude” que aún no denunció formalmente ente las autoridades electorales, aunque han surgido estudios privados que dan cuenta de más de mil irregularidades en una cantidad similar de actas.
El Gobierno decidió impulsar una auditoría con la Organización de Estados Americanos (OEA) al día de la votación y los procesos posteriores para confirmar o descartar ese extremo. Mesa, el martes, había ponderado su valor, aunque el miércoles terminó por rechazarlo.
Arce lamentó las denuncias de fraude de Mesa y dijo “que no tienen ningún tipo de sustento legal”.
“Carlos Mesa, a partir de sus delegados políticos, ha tenido representación casi en la totalidad de las mesas y sus representantes firmaron las actas de cómputo de las mesas”, explicó.
“Tiene la copia de las 34.555 actas. Conclusión: él sabe que no habido fraude en Bolivia y seguramente por eso no quiere una auditoría porque a la luz de una organización internacional, ante la visión de otros países ha de resultar la verdad. Lo que dictamine la OEA, lo acataremos”, puntualizó.
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz