El juicio contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, acusada de corrupción junto a otras doce personas, entró este lunes en su tramo final y se estima que el tribunal podrá emitir un veredicto antes de fin de año.
Iniciado en mayo de 2019, apenas días después de que Fernández anunciase su candidatura en fórmula con el actual mandatario de centro-izquierda Alberto Fernández, este proceso judicial se ha desarrollado a lo largo de todo su periodo como vicepresidenta.
En la audiencia de este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron los pedidos de nulidad de las defensas, aunque sin hacer uso de las réplicas que podrían alargar el proceso. “El alegato se sostiene por sí mismo. No tenemos nada que replicar ni que contestar”, dijo Luciani en su intervención.
El tribunal acordó, sin embargo, otra audiencia el próximo viernes, a pedido de uno de los abogados defensores. Luego se establecerá un cronograma para que los acusados digan las palabras finales en el juicio.
A las palabras de los fiscales, Fernández reaccionó con un mensaje en sus redes sociales en el cual remitió a las intervenciones previas de su abogado Carlos Berardi, que según ella contienen “la refutación jurídica y fáctica de todas y cada una de las mentiras expuestas por los fiscales Luciani y Mola”.
Veredicto y candidaturas
El fallo del tribunal se conocerá en momentos en que se especula sobre las candidaturas para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año.
“Siendo un juicio de primera instancia, que no es el definitivo, su impacto será más mediático que electoral”, estimó el analista político Carlos Fara, en alusión a esos comicios para los que Fernández, líder del ala más izquierdista del peronismo, aún no ha develado sus intenciones.
“El convencimiento de culpabilidad que tiene la mayor parte de la sociedad y la idea generalizada de que los políticos son todos más o menos corruptos le resta un poco de impacto”, añadió.
Protegida por sus fueros como vicepresidenta y presidenta del Senado, Fernández no puede ser detenida hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, algo que puede demorar varios años.
Kirchner, de 69 años, está acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz cuando fue presidenta, entre 2007 y 2015.
La Fiscalía pidió contra ella una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua.
La expresidenta considera este proceso como una persecución política y ha denunciado que la justicia, a la que llama el ‘partido judicial’, desea verla “presa o muerta”.
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