El abogado Juan del Granado, miembro de los juristas independientes, sostiene que el proyecto de ley para llevar adelante las elecciones judiciales aprobado en el Senado tiene como objetivo “garantizar el cuoteo y los acuerdos previos”.
Otro aspecto que observa es que el proceso de calificación se circunscribe sólo al análisis de documentos, es decir, como si fueran méritos, por lo que se elimina el examen y entrevista.
“No hay manera de verificar idoneidades de ejercicio profesional ni aptitudes personales”, refiere al indicar que además el artículo 24 permite que los abogados militantes puedan postularse con el requisito de renunciar a su militancia antes de postularse.
“No tener militancia en alguna organización política al momento de su postulación (…)”, indica el mencionado artículo.
En manos de políticos
El constitucionalista Marco Antonio Baldivieso, también impulsor del referendo, sostuvo que la clase política será la que defina la situación del sistema judicial, pero tal como se ve “no hay interés en renovar la justicia”.
En ese contexto, lamentó que no se haya dado curso a la propuesta de los juristas que obligaba a los políticos a realizar cambios a la Constitución para elegir a gente que tenga los “méritos sea la más idónea y tenga la capacidad para ejercer estas funciones”, pero que ahora es la clase política la que definirá esta situación.
Astorga: “El MAS no quiere cambio”
Las elecciones judiciales no son prioritarias para el MAS, denunció ayer el diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga. Según el asambleísta, lo que le interesa al oficialismo es medir el poder entre “arcistas” y “evistas”, y estas medidas de presión por parte de los radicales tienen como objetivo atacar a los detractores del expresidente Morales. Astorga aseguró que el oficialismo está satisfecho con el sistema judicial actual porque lo tiene bajo control para dejar impunes casos como las elecciones de 2019 o el desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena.
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