En el marco del 8 de marzo, Día de los derechos de las niñas y mujeres, @REDLAMYC Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes llamó a los Estados de América Latina y el Caribe a reconocer la necesidad de generar políticas públicas a través de planes y programas con enfoque de género e infancia, para prevenir y atender la violencia machista que persiste en la región.
En América Latina habitan 193 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales aproximadamente la mitad son niñas y adolescentes quiénes por su condición de edad y género viven múltiples exclusiones sociales, que afectan su dignidad, seguridad y proyectos de vida.
Datos a nivel mundial señalan que unos 150 millones de niñas han sufrido violencia sexual y casi la mitad de las agresiones sexuales en el mundo se cometen contra niñas menores de 16 años. Más de un millón de niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual en América Latina y el Caribe y una de cada cuatro ha contraído matrimonio entes de los 18 años (UNICEF, 2017). En 2017, nuestra región era la segunda con mayor tasa de embarazos en adolescentes en el mundo.
Frente a este panorama, Juan Martín Pérez García, Secretario Ejecutivo de REDLAMYC señaló que “La cultura machista convierte a todas las niñas y mujeres en objetos sexuales”, agregó “en América Latina ha crecido la violencia armada en todos los países, teniendo un impacto negativo en la vida de niñas y adolescentes porque se convierten en `trofeos de guerra´ objetos de venganzas machistas y víctimas de esclavitud sexual. Los conflictos armados en la región y los escenarios de crimen organizado que toman control territorial son los espacios más peligrosos para Ellas. Esta violencia armada tiene en la violencia sexual la peor expresión de la dominación masculina.”
Una niña o adolescente víctima de violencia sexual y embarazada probablemente no tendrá acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva adecuados, se verá forzada a ser madre siendo una niña, su salud física y emocional, estará en riesgo permanente y se preservará el círculo de pobreza y marginación en el que (en la mayoría de los casos) vive.
Las consecuencias que enfrentan las niñas que experimentan un embarazo en edades tempranas son físicas, emocionales y sociales. Sus vidas resultan doblemente violentadas: por sus agresores sexuales y por el Estado que en la mayoría de los casos no protege sus derechos y genera una re victimización de las personas en los procesos administrativos. Los países están obligados a prevenir que las niñas sean víctimas de violencia sexual pero también a responder de manera adecuada cuando, en consecuencia, resultan embarazadas.
En este sentido, Pérez García destacó el llamado de REDLAMYC a los Estados “Exhortamos a los Estados de la región a cumplir con sus obligaciones internacionales garantizando que las niñas víctimas de violencia sexual reciban una atención integral (física, mental y social); así como diseñar e implementar programas de prevención de violencia de género y de forma prioritaria frenar la complicidad machista de funcionarios e instituciones que han permitido la impunidad de los agresores.”
Recordó, el caso paradigmático de las 41 niñas y adolescentes víctimas de feminicidio institucional en el Estado de Guatemala y la impunidad que ha acompañado este caso y que hace urgente recordar a los Estados su obligación de garantizar una vida libre de violencia y luchar contra la impunidad, que ofrezcan garantías de no repetición de los hechos ocurridos el 8 de marzo del 2017 en el Hogar Virgen de la Asunción, en Guatemala.
El representante de REDLAMYC, extendió la invitación para el próximo 9 de abril fecha e en que se realizará el Tercer Seminario de Pensamiento Latinoamericano sobre los Derechos de la Infancia en torno a los “Desafíos y respuestas frente a la violencia contra las niñas en escenarios de conflicto armado y crimen organizado” en Bogotá, Colombia; REDLAMYC donde expertas y expertos internacionales, academia y sociedad civil ofrecerá alternativas de políticas públicas a los Sistemas Nacionales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNAs) para frenar la violencia machista en contra niñas y adolescentes.
Prensa/REDLAMYC